Ideas sueltas para una Ley General de Movilidad

La Ley General de Movilidad debe dar pie a que se fijen estrategias nacionales en las siguientes materias:

  1. La posibilidad de que las personas se desplacen mejor, dentro o hacia fuera de sus ciudades, con base en criterios nacionales y mediante la políticas locales que sean convergentes con guías nacionales
  2. La urgente necesidad de que el país adopte estrategias convergentes en los tres niveles de gobierno para que la movilidad lejos de generar externalidades negativas (accidentes, contaminación, deterioro de la economía local, obesidad, etc.) comience a tener externalidades positivas (salud, fortalecimiento del pequeño comercio, seguridad, inversión, desarrollo urbano, etc.)
  3. La necesidad de que exista una entidad a nivel federal que conduzca una política nacional de movilidad de manera clara (hay atribuciones parciales en Sedatu, Semarnat, Salud, SCT, entre otras) y los estados y municipios hagan lo propio.
  4. La posibilidad de que la Federación otorgue asistencia técnica a gobiernos locales de manera regular.
  5. La probable conveniencia de que existan Normas Oficiales Mexicanas relativas a la movilidad, así como Normas Mexicanas (las primeras de observancia obligatoria, las segundas, voluntarias)
  6. La generación de mecanismos de participación ciudadana en la materia

Todo esto nos lleva a la estrategia de generar una Ley General de Movilidad que tenga un enfoque subsidiario. En la medida que los gobiernos locales sean asertivos, la Federación sólo los acompaña hasta donde sea necesario; cuando éstos no tengan la capacidad para generar políticas, estudios, estrategias, los apoya de manera más detallada.

Asimismo, la Ley General de Movilidad puede ser la oportunidad de abordar temas en los que México se distancia de países más desarrollados: protección a la vida humana en las vías de comunicación; reducción de externalidades por calles, avenidas, carreteras y otras instalaciones; relación comercio – movilidad; planeación; uniformidad de criterios, normas, señalización, e incluso medios de pago en el transporte público y nuevos servicios basados en tecnologías de información.

La ley también puede ser la ocasión para ayudar a que políticas difíciles de instrumentar en materia de movilidad, a nivel local o nacional, tengan procedimientos y objetivos claros que lleven al compromiso de la sociedad y las autoridades para su consecución, mediante la delimitación de los instrumentos de la política y la participación social.

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