El riesgo se asigna

Máxima de las Asociaciones Público Privadas:

El riesgo se asigna al mejor administrador del riesgo

Esta máxima refiere a la función principal de este instrumento: la asignación de riesgos. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor en la sociedad según el rol que desempeñemos?

Desde una perspectiva podría decirse que lo mejor es privatizar todo: los bancos, la luz, el teléfono, los cetram, las calles, la vida. En el extremo opuesto, lo mejor es que el gobierno maneje todo, la educación, la salud, los motores de la economía, la extracción de minerales. ¿Por qué irnos hacia uno u otro extremo, o por qué optar por matizar?

En la lógica privatizadora del salinismo, simplemente el privado hacía las cosas mejor. Luego resultó que no, o no precisamente.

En la lógica estatista de López Portillo, cada estatización era una conquista social. Luego también resultó que no, o no precisamente.

Como el estado era mal administrador de los bancos los privatizó “caro” y luego esta privatización salió más cara: los bancos quebraron y hubo que rescatarlos. Algo falló allí. ¿Habría sido mejor el desempeño económico del país con una banca nacionalizada hasta el día de hoy? Pese a todo lo que representa la banca privada (comisiones, tasas, utilidades excesivas), no me atrevería a decir que la estatización habría funcionado mejor.

Un gobierno puede endeudarse y construir lo que sea. Cierto. ¿Por qué sí endeudarse o por qué optar porque un ente privado lo haga cuando buscamos para atender una necesidad pública? Bajo esta perspectiva, todo depende de quién será el mejor administrador de ese riesgo.

Supongamos que consideramos preferible la inversión pública a la privada en los temas relacionados con bienes públicos. Lo que esperaríamos es un mejor desempeño público que el privado; y aquí vienen varias reflexiones:

  1. Los funcionarios somos villanos. Ante un estado ineficiente, hay un prejuicio contra el funcionario (corrupto, inepto, vividor, etc.).
  2. Los funcionarios estamos enredados en una telaraña de reglas, intereses y carencias que nos limita la eficiencia y la eficacia.
  3. Hay siempre en el anhelo social una figura mítica que actúa con absoluta transparencia, eficacia y eficiencia (“estaríamos mejor con … “).

Es tal el escepticismo sobre los funcionarios, los gobiernos, los políticos, las reglas, que resulta un contrasentido esperar más de la inversión pública que de la privada en la gestión de bienes públicos, aún cuando una sirva para una cosa y la otra para otra.

En otras palabras ¿de verdad queremos que el gobierno arregle los Cetram en vez de que lo hagan inversionistas privados? ¿A cambio de sacrificar qué proyectos, puesto que las capacidades y presupuestos son limitadas?

Agradecido por la crítica más aguda que he recibido a un artículo mío, aún sin compartir los puntos de vista, me encuentro con esta reflexión:

En fin, los oscuros retruécanos burocráticos y la incapacidad de administrar lo público son usados por funcionarios, una y otra vez, como excusa, haciendo de sus defectos, virtudes: como no tenemos dinero (que habría que traducir a como no sabemos administrar el dinero) está bien que invierta otro; como no sabemos qué poner ahí, está bien que el que invierte lo decida; como no sabemos gestionar ni administrar el proyecto, está bien que lo haga el inversionista. Así, proyectos necesarios para la ciudad se hacen siguiendo no siempre ni fundamentalmente el interés común o —como escribe hoy Salvador Camarena— se dejan de hacer por la falta de capacidad de gestionar y explicar con transparencia las propuestas.

¿Para qué es bueno el gobierno? El gobierno tendría que ser el mejor administrador de las garantías individuales. “Shopultepec” era una mala idea por muchas razones, pero una de ellas porque asignaba la gestión de las garantías a un privado: al forzar el disfrute del supuesto “espacio público” a una lógica de centro comercial privatizaba la gestión de las libertades individuales.

El gobierno no tiene por qué ser buen administrador de terrenos (sí, dije terrenos y no bosque). La concesión de los Centros de Transferencia Modal (Chapultepec, Indios Verdes, Martín Carrera, Constitución de 1917, etc.) supone dos cosas:

  1. Un actor privado asume una responsabilidad respecto a la gestión del espacio, a cambio de la explotación inmobiliaria del predio.
  2. El gobierno, en su calidad de mejor administrador de las garantías, articula las necesidades públicas con el interés privado.

En toda esta historia hay fallas importantes, por supuesto: ¿Con qué procesos institucionales garantizamos que el beneficio público sea el adecuado y que el privado no “se sirva con la cuchara grande”? Y esto sólo se podría lograr si la Ciudad de México cuenta con un mejor entramado institucional en materia de Asociaciones Público Privadas.

El usuario del transporte sólo necesita conectar entre los distintos modos que convergen en Chapultepec o cualquier otro, de manera cómoda. Para lograrlo, un inversionista propone la explotación inmobiliaria del espacio durante cierta cantidad de años, al final del periodo entrega al gobierno bienes susceptibles de explotación pública. Para unos está mal, para otros, es una manera de gestionar riesgos:

  1. Se garantiza un espacio en funcionamiento para la operación del transporte público
  2. Se recibe una contraprestación derivada de la explotación comercial
  3. Se mejora el entorno

Podríamos endeudar al gobierno y hacer la mejora al paradero. Esto nos “evita” la construcción del hotel y del edificio de 49 niveles, para sólo operar (incluso sin comercio si fuera posible) el Cetram Chapultepec. Esta perspectiva tiene algunos defectos:

  1. Prejuzga negativamente estas construcciones.
  2. Supondría que el Valor Presente Neto de endeudar al gobierno es superior a la Asociación Público Privada, por ejemplo con un incremento en la captación de predial y otros impuestos, derivada de estas mejoras.
  3. El gobierno será un buen administrador del Cetram renovado.

 

El gran error es pensar que el “socio privado” está por un tema de financiamiento: está por una cuestión de gestión del riesgo. Saca el máximo valor impactando positivamente al usuario. Gobierno no podría sacar ese máximo valor y en el largo plazo no podría sostener un nivel de servicio en el Cetram y sus alrededores sin un administrador privado (mejor gestor del riesgo).

La deuda gubernamental sería una gran idea si el gobierno fuera el mejor administrador de todos los riesgos, pero insisto, no es el caso ni tendría por qué serlo. El gobierno aboga por sus ciudadanos y con base en esa tutela acuerda con un privado la gestión del espacio. Insisto, me parece el esquema adecuado.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s